En los últimos meses, diversos despachos internacionales han intensificado el uso de soluciones basadas en inteligencia artificial capaces de redactar borradores contractuales, analizar grandes volúmenes de documentación en procesos de due diligence o identificar riesgos normativos en operaciones complejas.
Estas herramientas, sustentadas en modelos avanzados de procesamiento del lenguaje natural, permiten automatizar tareas que hasta ahora requerían una elevada dedicación de tiempo por parte de abogados junior o perfiles intermedios, lo que está provocando una reconfiguración de las plantillas y de los itinerarios profesionales dentro del sector.
La tradicional pirámide de los despachos, basada en una amplia base de asociados jóvenes, tiende a estrecharse en sus niveles inferiores, al tiempo que se refuerzan perfiles especializados en supervisión tecnológica, gestión de riesgos y validación jurídica de resultados generados por sistemas automatizados.
Este fenómeno plantea interrogantes relevantes en torno a la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que pudieran justificar procesos de reestructuración vinculados a la automatización.
Nuevas categorías profesionales
La sustitución de funciones jurídicas por sistemas de inteligencia artificial obliga a delimitar con precisión el encaje de estas transformaciones en el marco de las causas objetivas de extinción de contratos, así como a valorar su impacto en términos de recolocación, formación y adaptación profesional. Al mismo tiempo, se abre un debate sobre la eventual aparición de nuevas categorías profesionales híbridas, en las que el conocimiento jurídico se combina con competencias tecnológicas avanzadas.
En paralelo, la automatización del trabajo jurídico plantea cuestiones sustantivas en relación con la responsabilidad profesional. La utilización de sistemas capaces de generar contenido jurídico plantea la necesidad de determinar en qué medida el abogado puede confiar en los resultados producidos por la inteligencia artificial y cuáles son los estándares de diligencia exigibles en su validación.
La obligación de supervisión humana, que se perfila como un principio central en la regulación europea de la inteligencia artificial, introduce un elemento adicional de complejidad en la práctica profesional, al exigir mecanismos internos de control y auditoría de los sistemas utilizados.
Asimismo, la creciente dependencia de herramientas tecnológicas en la prestación de servicios jurídicos refuerza la importancia del cumplimiento normativo en materia de protección de datos, confidencialidad y secreto profesional.
Tratamiento automatizado de información sensible
El tratamiento automatizado de información sensible, en particular en contextos como la asesoría corporativa o la defensa jurídica, exige garantizar que los sistemas empleados cumplen con los estándares de seguridad y privacidad establecidos por la normativa vigente, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos y las futuras disposiciones específicas en materia de inteligencia artificial. En este contexto, la externalización de servicios tecnológicos a proveedores especializados introduce, además, riesgos adicionales relacionados con la transferencia de datos y la jurisdicción aplicable.
Desde el punto de vista del mercado, la automatización está contribuyendo a intensificar la competencia entre operadores jurídicos, al reducir los costes asociados a determinadas tareas y facilitar la entrada de nuevos actores, incluidos proveedores tecnológicos y plataformas de servicios legales.
Este fenómeno podría derivar en una progresiva comoditización de ciertos servicios jurídicos, especialmente aquellos de carácter estandarizable, al tiempo que incrementa el valor añadido de las actividades que requieren juicio jurídico complejo, creatividad interpretativa o capacidad estratégica.
En este escenario, la regulación desempeña un papel clave. La futura aplicación del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, junto con otras iniciativas en materia de servicios digitales y responsabilidad tecnológica, configura un marco normativo en el que la automatización del trabajo jurídico deberá desarrollarse bajo principios de transparencia, trazabilidad y control humano. La clasificación de determinados sistemas utilizados en el ámbito legal como de alto riesgo podría implicar obligaciones adicionales de evaluación, documentación y supervisión, con impacto directo en la organización interna de los despachos y en los costes de cumplimiento.
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