La administración de justicia, a menudo criticada por su lentitud o falta de medios, descansa en pilares fundamentales que garantizan el orden social y la protección de los ciudadanos. Uno de estos pilares es la estrecha colaboración entre el Ministerio Fiscal y el Notariado, una alianza estratégica que va más allá de la mera burocracia. Esta relación se centra especialmente en dos campos críticos: la comunicación de posibles delitos detectados en documentos públicos y la protección de personas con discapacidad o necesidad de apoyos. Sin embargo, esta red de seguridad, que ha demostrado ser eficaz en la prevención del blanqueo de capitales y el abuso de los más vulnerables, se encuentra hoy amenazada por nuevas propuestas legislativas que podrían desmantelar el sistema de control preventivo tal como lo conocemos.
El valor del notario no reside únicamente en la firma de un papel, sino en el "juicio de capacidad" que realiza acto por acto. El Código Civil establece que el notario debe apreciar la capacidad del otorgante en el momento preciso de la firma. Esta labor es fundamental para detectar situaciones de abuso, como delitos de violencia de género, abusos sexuales intrafamiliares o fraudes que a menudo salen a la luz durante la preparación de actas y testamentos. El sistema actual permite que, si un notario detecta que una persona está siendo coaccionada o carece de la voluntad necesaria, el caso sea remitido de inmediato a la fiscalía. Este control "en caliente" asegura que el negocio jurídico nazca limpio y que la dignidad de la persona sea respetada por encima de cualquier interés económico.
No obstante, el actual Anteproyecto de Ley de Integridad Pública propone un cambio de paradigma que resulta alarmante para la seguridad jurídica. La intención de sustituir la presencia física y el control notarial en las transmisiones de participaciones sociales y poderes mercantiles por un sistema basado exclusivamente en la firma digital y una inscripción registral posterior es, a juicio de los expertos, un retroceso peligroso. Al eliminar el juicio de capacidad y legitimación en el momento del nacimiento del negocio, se abre una puerta peligrosa a la opacidad. Un registro público puede dar fe de lo que se ha inscrito, pero no de las circunstancias en las que se firmó; no puede saber si quien pulsó el botón de la firma digital lo hizo bajo amenaza, si era un testaferro o si se trataba de una persona con discapacidad siendo utilizada miserablemente por mafias.
Además, el sistema notarial es hoy la segunda base de datos más importante de España en la lucha contra el fraude. A través del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), los notarios comunican diariamente quién ostenta el control real de las sociedades, combatiendo eficazmente el blanqueo de capitales y el terrorismo. Sustituir este flujo de información inmediata por comunicaciones registrales a posteriori o depósitos de cuentas anuales convertiría la labor de los cuerpos de seguridad, como la UCO o el SEPBLAC, en una tarea estéril: para cuando la administración reciba la información, el delito ya se habrá cometido y el rastro del dinero habrá desaparecido.
En última instancia, cabe preguntarse a quién beneficia realmente esta desregulación. En un contexto donde la corrupción política a menudo se sirve de sociedades opacas, debilitar el control preventivo solo favorece a quienes buscan financiación ilegal o estructuras de poder fuera del radar de la justicia. La seguridad jurídica no debe entenderse como un obstáculo burocrático, sino como la garantía de que la economía y los derechos fundamentales se asientan sobre bases sólidas y humanas. Ignorar el valor de la presencia pública en los negocios jurídicos es, en definitiva, dejar el sistema a merced de la sombra.
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